Al inicio de cada año fiscal, una de las preguntas recurrentes para las gerencias y departamentos financieros en Colombia es si su organización ha cruzado el umbral legal que obliga al nombramiento de un Revisor Fiscal.
Para el ejercicio 2026, esta obligación se determina analizando las cifras de cierre del año inmediatamente anterior (2025). En CMC Outsourcing & Auditoría, hemos preparado esta guía rápida para que verifique si su empresa debe cumplir con este requisito de ley.
Los Topes legales para 2026
De acuerdo con el Parágrafo 2 del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, están obligadas a tener Revisor Fiscal todas las sociedades comerciales cuyos activos o ingresos brutos al 31 de diciembre de 2025 superen los siguientes montos (calculados sobre el SMMLV de 2025, que fue de $1.423.500):
Por Activos Brutos: Empresas con activos iguales o superiores a 5.000 SMMLV, equivalentes a $7.117.500.000.
Por Ingresos Brutos: Empresas con ingresos iguales o superiores a 3.000 SMMLV, equivalentes a $4.270.500.000.
¿Quiénes más deben nombrar Revisor Fiscal por Ley?
Independientemente de sus ingresos o activos, la ley exige esta figura en:
Sociedades Anónimas (S.A.): Por su naturaleza jurídica.
Sucursales de compañías extranjeras.
Entidades Cooperativas y ESAL: Según sus estatutos o normatividad especial.
Propiedades Horizontales: Específicamente aquellas de uso comercial o mixto.
Riesgos de omitir esta obligación
Contar con un Revisor Fiscal no es solo un trámite administrativo; es una garantía de transparencia. No realizar el nombramiento a tiempo puede acarrear:
Invalidez de declaraciones tributarias: Sin la firma del Revisor Fiscal, las declaraciones ante la DIAN se consideran “no presentadas”, lo que deriva en sanciones por extemporaneidad.
Responsabilidad de la Gerencia: La omisión puede generar responsabilidad civil y administrativa frente a los socios y entes de control.
El valor agregado de CMC Outsourcing & Auditoría
En CMC, entendemos la Revisoría Fiscal como un proceso de fiscalización integral y permanente, orientado a la vigilancia de los bienes sociales y el estricto cumplimiento normativo.
